Mediante una conferencia de prensa, la oficina de Anticorrupción, de la Municipalidad de Malargüe, dio a conocer un importante anuncio:
Luis Alberto Rivero: “Como consecuencia del análisis de innumerables expedientes que fueron elevados para ser juzgados, la Suprema Corte de Justicia resolvió que decayeran en el Juzgado del Doctor Ravagnan.
Se enmarca en el plan de gobierno 2015 – 2019 que presentó el Intendente Jorge Vergara, en relación a todo lo que fuera honestidad transparencia y anticorrupción, estamos en condiciones de poder anunciar un importante hecho con respecto a uno de los expedientes que tienen a su cargo el doctor ravagnan. No ha sido una tarea fácil, ya que se ha realizado una ardua tarea de investigación, no una tarea de persecución. Queremos llevar la más absoluta tranquilidad tratando de resolver.”
El Doctor Medic tiene a cargo la tarea de transparentar la gestión pública, a actos ya sucedidos y actos que se están ejerciendo, fuera de cualquier tinte político, fue convocado como asesor técnico, para transparentar la función pública.
Dr. Medic: “Técnicamente hemos observado multiplicidad de irregularidades que se han completado con el aboque y la imputación de funcionarios de la gestión pasada, en la causa 117.954 que empezó como averiguación por diferentes delitos, y ha considerado el Juez de la causa junto con una ampliación del aboque por parte del titular del Ministerio fiscal que el Sr. ex intendente municipal Sr. Juan Antonio Agulles, el Sr. Christian Alberto Alcala ex Secretario de servicios públicos, el ex tesorero general Sr. Gonzalo Javier Almonacid, el Sr. Omar Ovidio Villar y el Sr. Juan Carlos Caras han sido imputados por los delitos de defraudación al estado municipal, simulando apariencia o comisión de negociación en calidad de coautores, estafando a la administración pública además del delito especulado abuso del poder en cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos,
Creemos que no estábamos errados en tal razón con respecto a los delitos contra la administración publica se cabe en primer grado una fuerte imputación a las personas y además acompaña en calidad de partícipe necesario en la coautoría un particular que se va a reservar el nombre, para preservar la identidad del particular que ha sido un proveedor del municipio.
Una imputación, significa que el juzgado ha considerado que las personas son pasibles de atribuírseles estos delitos por las conductas manifestados, el más importante es el peculado, es un delito que realiza un funcionario público que maneja dinero, que se le ha confiado a través de su administración y lo malversa en interés propio o en interés de un tercero, ese es un delito calificado agravado que puede corresponderle penas en expectativa que van de los 2 hasta los 10 años.
Concretamente lo que se realizó fue dar la apariencia de una contratación, simular la contratación de una maquinaria que nunca realizó ningún trabajo y el dinero fue a los bolsillos de estos funcionarios, veremos el grado de participación que tienen, algunos pueden seguir siendo autores, otros participantes necesarios y otros encubridores. Lo que sí hemos observado es que para que se de esta situación debe haber una colaboración funcional, no puede realizarse sin la participación de varios funcionarios, y otra de las cosas es que el funcionario público es el que resguarda los caudales de dinero público que le ha confiado la ciudadanía, es un delito que se ha puesto de moda con este tema de la corrupción.
La inmunidad que pudiesen llegar a tener hoy algunos funcionarios o ex funcionarios municipales en una nueva gestión funcional ya sea Diputados o Senadores, inmunidad no es sinónimo de impunidad, nosotros tenemos actualmente un funcionario que esta representando al pueblo de Malargüe, en calidad de legislador y esa inmunidad que tiene es para todos los hechos y los actos que realice en cumplimiento de su función actual, de aquellas conductas que ha realizado con anterioridad y él tiene la misma obligación de cualquier ciudadano.
A partir de fin de mes del día 28 de marzo hasta el día 5 de abril, vamos a tener que participar encargados dela querella particular, porque la Municipalidad se constituyo como querellante particular, esto quiere decir que hoy somos parte y vamos a tener el control y vamos a coadyuvar con el estado de la Provincia a través de la función del ejercicio y competencia jurisdiccional del juez y nos vamos aponer al lado del fiscal ayudando para que realmente esta conducta se ha manifestado y se concreta con las pruebas que hemos producido, el estado municipal tiene toda la razón para constituirse como actor civil y solicitar la indemnización que le pudiera corresponder por daños y prejuicios por el delito.
Las imputaciones que en principio están determinadas de acuerdo a circunstancias de tiempo lugar y modo que lo va a determinar el momento de la lectura de la plataforma y fundamento para que esa persona se defienda. El poder judicial los ha acusado los ha imputado y a partir de hoy esas personas tienen el derecho de defensa como cualquier ciudadano.
La maquina debería haber estado trabajando con motivo de inclemencias climática en la zona rural, la contratación fue de 300 mil pesos. Han simulado que estaban contratando a un proveedor y en realidad se ha demostrado en la causa que esa maquina nunca estuvo y la persona nunca realizó el trabajo, la prueba ya esta agravada y va a ser muy difícil sacarse esta responsabilidad.
Todos los delitos que corresponden a la administración publica tiene una accesoria que es de la pena tentativa y si se los encontraran eventualmente culpables la condena y pero aparte la pena accesoria seria la inhabilitación, en este caso de especulado seria una inhabilitación absoluta y de por vida.”
